Mientras una atleta vende comida para poder competir, en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto que podría multiplicar hasta por diez las dietas de quienes dirigen el deporte nacional. El contraste no es simbólico: es estructural.
Por un lado, la taekwondista Neshy Lindo Álvarez, de 23 años, financia su participación en el U.S. Open Taekwondo Championships 2026 vendiendo tortillas de queso. Por otro, el expediente 23.566, impulsado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa, propone una reforma al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) que incrementaría las dietas de su junta directiva en un 1098%.
No es una comparación retórica. Son las cifras.
El aumento: de ¢313 mil a casi ¢3,7 millones por mes
Actualmente, los miembros del Consejo Nacional del Deporte reciben dietas equivalentes a las de la Junta Directiva del INA: ₡52.241 por sesión, con un tope mensual de ₡313.450 por persona.
La propuesta de reforma transforma ese órgano en una junta directiva de siete miembros y eleva el pago por sesión al 10% del salario de la Contralora General de la República. Eso significaría ₡574.000 por sesión y, aplicando el tope legal vigente, hasta ₡3.699.270 mensuales por directivo.
En términos anuales, el gasto podría superar los ₡310 millones en dietas.
El proyecto se presenta bajo la etiqueta de “modernización”. Sin embargo, el debate no se ha centrado en métricas de eficiencia, impacto deportivo o mejora estructural del alto rendimiento, sino en el ajuste de remuneraciones.
El diputado oficialista Daniel Vargas incluso presentó una moción para eliminar el aumento, lo que evidencia que el propio Congreso reconoce la controversia del punto.
La otra realidad: rifas, ventas y autogestión.
En paralelo, Neshy Lindo Álvarez intenta reunir recursos para competir del 5 al 8 de marzo en Las Vegas, en un torneo categoría G2 avalado por la World Taekwondo, clave para el ranking mundial y su preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Lindo no es una promesa emergente sin resultados:
-Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
-Bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
-Clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
-Es, además, una de las figuras más consolidadas del taekwondo nacional.
Y aun así, debe vender alimentos para cubrir boletos, hospedaje e inscripción.
No es un caso aislado. Otros seleccionados nacionales —como Laura Sancho, Alejandro Flores, Gabriel González y Julián Webb— también realizan rifas e iniciativas privadas para financiar competencias internacionales.
¿Dónde está la prioridad del sistema?
El deporte costarricense vive una paradoja: atletas con medallas internacionales operan bajo esquemas de autogestión, mientras el órgano rector podría aumentar significativamente sus gastos administrativos.La discusión no es si los directivos deben recibir una remuneración justa. La pregunta es otra:
¿Es coherente multiplicar dietas cuando el alto rendimiento depende de ventas caseras y campañas solidarias?
El ICODER no compite. No viaja. No suma puntos en rankings internacionales. Su función es crear condiciones para que los atletas puedan hacerlo.
Cuando el gasto administrativo crece sin que exista una política clara de fortalecimiento directo al atleta —becas, fogueos, ciencia deportiva, infraestructura— el mensaje institucional es problemático.
Impacto estructural
Un incremento de más de ₡300 millones anuales en dietas no es una cifra abstracta. En términos deportivos podría traducirse en:
-Decenas de giras internacionales financiadas.
-Programas de apoyo permanente para atletas élite.
-Equipamiento y preparación multidisciplinaria.
-Cobertura médica y nutricional estable.
En lugar de eso, el debate legislativo se ha centrado en el rediseño del órgano y en el pago por sesión.
En un país donde los atletas deben organizar rifas para representar la bandera, cualquier aumento significativo en gastos de gobernanza sin mejora directa en el alto rendimiento genera cuestionamientos legítimos.
Injusticia estructural, no anécdota aislada
La imagen es contundente:
Una campeona regional vendiendo tortillas para competir.
Una junta directiva discutiendo dietas que pueden superar los ₡3,6 millones mensuales.
El deporte costarricense no necesita únicamente modernización administrativa. Necesita coherencia presupuestaria.
Si el sistema prioriza la mesa directiva antes que el tatami, la pista o la cancha, el problema no es financiero: es de visión.
Porque el mérito deportivo no se construye con dietas elevadas, sino con oportunidades reales para quienes compiten.
Y hoy, el contraste habla por sí solo.